MSCI debe medir mercados, no dictar inversiones corporativas

Recuerdo aquella primera discusión que tuve hace años sobre proveedores de índices como MSCI. En aquel momento pensaba que estas empresas eran simplemente proveedoras silenciosas de datos: un poco aburridas, pero imprescindibles. Hoy sé que son una de las fuerzas más poderosas en el mundo financiero. Y eso es, precisamente, lo que las hace peligrosas.
MicroStrategy ha tocado un punto sensible al exigir que los proveedores de índices se limiten a medir el mercado, sin imponer criterios de inversión. Lo que en principio debía ser un benchmark neutral se ha convertido en una herramienta política. MSCI expulsa empresas de sus índices por motivos de protección climática —un paso que puede costarle a esas empresas miles de millones— mientras ignora por completo a industrias enteras, como el sector de las criptomonedas. ¿Dónde queda la neutralidad en todo esto?
Para mí, el tema es especialmente interesante porque cuestiona algo fundamental: ¿debe un pequeño grupo de empresas decidir qué inversiones son socialmente legítimas? MicroStrategy argumenta, con razón, que los proveedores de índices se convierten así en reguladores de facto. Y eso conlleva riesgos. Si se excluye sistemáticamente a empresas de petróleo y gas, aunque ofrezcan altos rendimientos a corto plazo, a la larga podría ponerse en peligro la seguridad energética. Mientr



as tanto, otros sectores se benefician de esta tendencia sin que sus prácticas sean siempre impecables.
La pregunta es: ¿quién controla ese poder? Hasta ahora, unos pocos proveedores deciden según sus propios criterios, a menudo escondidos bajo el disfraz de “sostenibilidad” o “responsabilidad social”. Esto me recuerda al viejo debate sobre el poder de los medios: ¿quién decide qué noticias son importantes? Aquí, sin embargo, hablamos de cifras aún mayores.
MicroStrategy propone que los proveedores de índices se centren en factores medibles como la capitalización de mercado y la liquidez —es decir, en el rendimiento puro del mercado—. Suena como una solución razonable, pero es difícil de implementar. Muchos inversores y gobiernos se benefician del sistema actual. Basta pensar en las subvenciones estatales que suelen vincularse a inversiones ESG-compliant.
Al final, estamos ante un equilibrio entre los mecanismos de mercado y las imposiciones morales. ¿Debe la industria financiera decidir qué empresas son “aceptables”? ¿O debería limitarse a reflejar la realidad sin juzgarla?
Una cosa es segura: este debate no está cerca de terminar. Y podría definir el futuro de los mercados financieros. Yo sigo con atención, y me pregunto cuántos inversores son conscientes de que sus decisiones están influidas por tan pocos actores poderosos.