Flock Safety: El debate sobre la privacidad se intensifica ante las cámaras policiales

Es extraño lo rápido que una solución de seguridad bienintencionada puede convertirse en una pesadilla. Hace poco, Garrett Langley, CEO de Flock Safety, volvió a insistir en que los estadounidenses deberían hacer «concesiones» en favor de la seguridad pública en cuanto a la privacidad. ¿Un deseo piadoso? Quizá. Pero la realidad es distinta: mientras Langley habla de «solo» un 99,9% de policías dignos de confianza, los escándalos en torno a estas cámaras y bases de datos no dejan de crecer.
Tomemos como ejemplo el reciente informe del Georgetown Law Center on Privacy and Technology, que revela que 69 agentes en EE.UU. han utilizado datos de matrículas con fines privados, desde espiar a ex parejas hasta venderlos a criminales. El caso más indignante es el de Michigan, donde un departamento de sheriffs mantuvo durante años una lista secreta de periodistas y activistas. Todo ello usando tecnología que Flock Safety vende desde 2016 a más de 1.500 agencias policiales. «Salva vidas», afirma Langley. Pero, ¿a qué costo?
La crítica está más que justificada: estos datos —perfiles de ubicación, patrones de movimiento e información personal— se almacenan y comparten sin órdenes judiciales. Con aseguradoras, empresas privadas y hasta



personas ajenas al sistema. Flock Safety promete borrarlos automáticamente tras 30 días, pero expertos como Hayley Tsukayama, de la EFF, lo tachan de insuficiente: «Treinta días son una eternidad cuando hablamos de vigilancia». Y mientras estados como California intentan limitar estas tecnologías, el resto del país sigue en el salvaje oeste digital.
La resistencia se organiza. Portland ya ha prohibido su uso, y en Nueva York y Texas activistas luchan por leyes similares. Pero a nivel federal, el panorama es desolador. Un proyecto de ley del senador Ron Wyden lleva meses estancado, mientras lobbies como Flock Safety operan con total libertad. «Libertad o seguridad» —este viejo dilema adquiere una nueva y peligrosa dimensión con la IA y la recolección masiva de datos.
Para mí, esto es una llamada de atención. ¿Dónde termina la justicia legítima y empieza el Estado de vigilancia? Si incluso periodistas y ciudadanos inocentes acaban en estas bases de datos solo por pasar por allí, ya no estamos ante un «compromiso». Es una emergencia. Y la pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuánto tiempo más seguiremos mirando hacia otro lado hasta que «seguridad» se convierta en sinónimo de vigilancia.
¿Qué opináis? ¿Dónde trazáis el límite?